AUDIENCIA PREVIA: DESPIDOS DISCIPLINARIOS

TS rectifica doctrina y concluye que las empresas que deseen acordar el despido disciplinario de un trabajador por causas relacionadas con su conducta o rendimiento deben abrir un trámite de audiencia previa para que pueda defenderse de los hechos que se le imputan, salvo que no pueda exigirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.

 TS unif doctrina 18-11-24, EDJ 733578

El TS zanja en casación para unificación de doctrina el debate planteado en relación a la obligación de la empresa de conceder al trabajador la posibilidad de defenderse de los hechos que se le imputan en una audiencia previa a su cese por motivos disciplinarios (Convenio OIT núm 158 art.7 ).

El fallo, adoptado por unanimidad por el Pleno de la Sala de lo Social, se dicta en un procedimiento en el que se analiza la calificación del despido de un profesor de la Escuela de Arte Dramático de Illes Balears a quien se notifica su despido disciplinario por conductas inapropiadas de índole sexual con el alumnado de género femenino.

Interpuesta demanda por despido , el juzgado de lo social declara el cese procedente. Recurrida en suplicación, el TSJ aprecia falta de motivación de la sentencia de instancia sobre la valoración de la prueba e insuficiencia en los hechos probados, pero no declara la nulidad de la sentencia al apreciar defectos formales en la práctica del despido por no haberse concedido audiencia previa al trabajador, por lo que califica el cese como improcedente.

Frente a esta resolución se alza la entidad demandada en casación para unificación de doctrinaLa cuestión que se plantea se centra exclusivamente en determinar la necesidad o no de una audiencia previa al trabajador despedido por motivos disciplinarios.

El Pleno del TS estima  el recurso, rectificando  su doctrina  contenida en sentencia del TS 15-9-88, EDJ 7014, y otras análogas, en base a los siguientes argumentos:

1.El art.7 del Convenio OIT núm 158, que exige conceder al trabajador que va a ser cesado por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento la posibilidad de defenderse, es directamente aplicable, al ser una disposición que debe calificarse de completa, sin precisar de mayor desarrollo normativo para su cumplimiento ya que basta, simplemente, con permitir al trabajador que se defienda de los cargos sobre su conducta o trabajo.

2.La audiencia previa no puede confundirse con otros derechos que corresponden al trabajador tras la extinción del contrato, como la impugnación  del despido en sede judicial  o los procedimientos de mediación o conciliación que puedan desarrollarse con la finalidad de evitarlo, lo que nada tiene que ver con la defensa que el trabajador pudiera hacer ante el empleador para refutar o desmentir lo imputado.

3.La determinación de la norma aplicable al caso concreto es una cuestión de legalidad que corresponde resolver a los jueces y tribunales ordinarios en el ejercicio de la función jurisdiccional. De este modo, cualquier juez ordinario puede desplazar la aplicación de una norma interna con rango de ley para aplicar de modo preferente la disposición contenida en un tratado internacional, sin que tal desplazamiento implique una derogación de la norma interna, sino solo su inaplicación al caso concreto en aplicación del principio de prevalencia.

4.El requisito de audiencia previa se exceptúa en el supuesto de que no pueda pedirse razonablemente al empleador que la conceda, excepción que resulta aplicable en el caso de autos dado que, en el momento en que activó el despido, el criterio jurisprudencial que se venía aplicando era, precisamente, la no exigencia de tal audiencia previa.

Por todo lo expuesto, el TS estima el recurso, casa parcialmente la sentencia recurrida, declara la nulidad de la sentencia dictada por el juzgado de lo social y fija doctrina estableciendo que las empresas no pueden despedir disciplinariamente a los trabajadores sin abrir trámite de audiencia previa, sin bien esta exigencia, que implica un cambio de criterio, sólo es aplicable a los despidos acaecidos con posterioridad a la publicación de la presente resolución.